Europa está viviendo un momento energético realmente delicado. A la crisis energética que veníamos arrastrando desde mediados de 2021 se ha sumado la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones impuestas por la UE.

Con esta situación energética en Europa, hay algunos países que están acusando un mayor sufrimiento ante la desmedida subida de precios. España es uno de ellos, que no ha tenido más remedio que capear los bandazos de las circunstancias lo mejor que ha podido e ir adaptándose en cada momento. 

¿Qué ha pasado en España en estas últimas semanas? 

Una de las causas más importantes de la subida de precios de la energía es que dicho precio está “anclado” al precio del gas. Entre otros muchos desastres, la invasión de Ucrania ha provocado que el gas experimente un aumento de precios sin precedentes, con lo que, en su inercia, suba también la energía.

La propuesta española de desacoplar el precio de la energía del precio del gas, algo que la Comisión Europea jamás se había planteado y que, sin embargo, parecía que dadas las circunstancias estaba dispuesta a estudiar, finalmente no pudo ser.

Como respuesta, España, junto con Portugal, solicitó a Europa una medida de excepcionalidad que contemplaba la situación geoenergética de la península ibérica como una isla. Dado que su capacidad tanto para importar como para exportar energía de Marruecos y Francia respectivamente es un porcentaje muy pequeño respecto a su demanda y su capacidad de generación.

A esto la UE sí accedió, lo que dio lugar a un plan presentado conjuntamente entre España y Portugal, mediante el cual, se proponía fijar un precio tope al gas.

¿Qué medidas se han tomado para frenar la subida de los precios de la energía? 

Tras la aprobación por parte de Bruselas de la “singularidad ibérica”, España y Portugal han propuesto a la Comisión Europea un precio máximo de 30 €/MGh, para el precio del gas que consuman las centrales de generación eléctrica. 

Esta medida temporal, que en principio se mantendría hasta diciembre, tiene como objetivo limitar los elevados precios del gas que arrastran el pool (mercado mayorista de electricidad) y que comparten España y Portugal.

Un mercado donde el sistema marginalista marca el precio de la energía teniendo como referencia el valor de producción más alto, cuando en España se está produciendo energía de fuentes mucho más económicas como son las renovables o la hidráulica y cuyos beneficios el consumidor no está pudiendo disfrutar.

¿En qué momento nos encontramos?

A la espera de que esta propuesta quede aprobada por la Comisión Europea, para atajar de urgencia la factura de la luz, el gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley de energía.

Como medida más importante, se mantienen las rebajas fiscales, entre otras, la reducción del 10% de IVA en la factura de la luz. 

También se destinan ayudas para grandes consumidores energéticos, como puede ser la industria y para reducir la factura de clientes con gran dependencia del consumo de gas.

Para los particulares, se amplían las posibilidades de solicitar el bono social y se efectuará un descuento entre un 60% y un 70% a los hogares vulnerables.

¿Y qué pasará luego?

Todas estas medidas están circunscritas a la situación actual, una situación de grave crisis energética que los expertos sitúan a la altura de la crisis del petróleo en los años 70.

Pero lo cierto es que la tendencia alcista de precios de la energía, si bien se ha agravado con la invasión de Ucrania, venía de antes. Del colapso pandémico, de la alta demanda que se generó para poner de nuevo en marcha el planeta.

Cuando esta invasión por fin termine, sea cual sea el resultado, tendremos una Europa sangrando por el costado, un país, Ucrania, totalmente devastado y un país, Rusia, totalmente estratégico energéticamente y del que (ahora lo hemos aprendido) no nos podemos fiar.

El horizonte no parece muy esperanzador, porque además tendremos que pagar todos los costes que van a conllevar estas ayudas y rebajas. ¿Y quién las pagará? Pues de todos los actores que intervienen en el escenario energético, los que tenemos las de ganar para llevarnos dicho sobrecoste en la factura somos: las comercializadoras y nuestros clientes.